Así es el escrito completo que presentó Cristina en Comodoro Py ante Bonadio
Así es el escrito completo que presentó Cristina en Comodoro Py ante Bonadio
La
ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner partió a las 9.30 de su
domicilio ubicado en Juncal y Uruguay para dirigirse a los Tribunales de
Comodoro Py, donde prestará declaración indagatoria ante el juez
Claudio Bonadio en la causa que investiga la venta de dólar futuro.
Minutos antes de las 10, la exmandataria llegó al lugar.
En
los Tribunales la esperó una multitud para brindarle su apoyo. Desde el
momento que arribó a Buenos Aires, los militantes la acompañaron
primero en su domicilio de Recoleta y desde hace días se venía gestando
la vigilia de su declaración. Al respecto, se espera que se dirija a la
gente que se acercó hasta Comodoro Py.
Así es el escrito completo que presentó Cristina en Comodoro Py ante Bonadio
La
ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner partió a las 9.30 de su
domicilio ubicado en Juncal y Uruguay para dirigirse a los Tribunales de
Comodoro Py, donde prestará declaración indagatoria ante el juez
Claudio Bonadio en la causa que investiga la venta de dólar futuro.
Minutos antes de las 10, la exmandataria llegó al lugar.
En
los Tribunales la esperó una multitud para brindarle su apoyo. Desde el
momento que arribó a Buenos Aires, los militantes la acompañaron
primero en su domicilio de Recoleta y desde hace días se venía gestando
la vigilia de su declaración. Al respecto, se espera que se dirija a la
gente que se acercó hasta Comodoro Py.
Escrito presentado ante el juez Bonadio por la causa "Dólar Futuro"
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER·MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DE 2016
Señor Juez:
Cristina
Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152/15
caratulada “Banco Central de la República Argentina s/defraudación…”, en
trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado del Dr.
Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20-13430665-4), constituyendo domicilio en
Av. Santa Fe 1752, 2º A, a V.S. digo:
I.-
Objeto.
Que
a efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar
esta manifestación, la cual solicito se incorpore a la causa en el marco
de la declaración indagatoria ordenada en autos.
II.
Introducción.
1)
Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue
derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron
utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes,
atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con
abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos.
Sin
embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado,
barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la
sociedad en sus diferentes estamentos y actividades; por el otro,
imponer programas de “ajuste” y endeudamiento -matrimonio indisoluble-
utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el
correr de los años cada uno de esos supuestos “procesos moralizadores”
devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las
grandes mayorías a las elites gobernantes y sus grupos económicos
vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción
para hacer operativas esas políticas.
No
son pocos los hechos históricos que así lo demuestran. El primer ex
Presidente argentino que tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista,
por una razón muy sencilla: el movimiento nacional y popular en ese
momento todavía lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar:
Hipólito Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer Golpe Militar de la
historia y, oh casualidad, convalidado y legalizado por acordada de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió sufrir ser investigado por
una comisión especial por supuestos hechos de corrupción, siendo
encarcelado en la Isla Martín García. Recuperó su libertad merced a un
indulto que Yrigoyen rechazó. El día que lo liberaron asumía el General
Justo como Presidente de la República Argentina, dando inicio a lo que
históricamente se conoce como “Década Infame”, llamada de esa forma por
lo que constituyó un período de escandalosa corrupción y entrega del
país. Sin embargo, no se detuvieron allí. Lo volvieron a encarcelar y
pasó el último año de su vida en Martín García. Eso sí, esta vez no fue
por corrupción, lo acusaron de conspiración.
Más
tarde, el Movimiento Nacional y Popular se encarna en el Peronismo y en
la figura de sus fundadores: Juan Domingo y Eva Perón. Durante sus dos
Gobiernos los Derechos y conquistas populares construyen historia y
época. Una vez más y tras el derrocamiento del General Perón, el
gobierno de facto dictó el Decreto Ley 5143/1955 que creó la Junta
Nacional de Recuperación Patrimonial, una comisión especial en franca
violación del texto constitucional asignándole funciones
jurisdiccionales bajo el “loable propósito” de obtener la incautación de
todos los bienes de los que se habrían apoderado los funcionarios
corruptos del anterior gobierno.
Pese
al grado grosero de afectación de los principios más elementales del
Estado de Derecho, hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso
de las máximas instancias, dispuestos a justificar semejantes atropellos
sin abandonar sus citas leguleyas e invocación de valores éticos que se
correspondían con “su ser nacional”.
A título de ejemplo me
permito citar el fallo de –una vez más- la Corte Suprema Justicia de la
Nación del 21 de junio de 1957, en la causa “Juan Domingo Perón s/
bienes mal habidos”. Aquí en el dictamen del Procurador General ante ese
Alto Tribunal se efectúan los siguientes señalamientos:
“1°
Que antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba
sometido a un gobierno despótico, y en un estado de caos y corrupción
administrativa, debido a la acción directa de las personas comprendidas
en el decreto ley 5.148/55 y, en especial, a la del recurrente en esa
causa.
2°
Que uno de los fines primordiales de la revolución fue el de restituir
al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las
personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad, se
enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo
de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus
allegados…”
Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, decía lo siguiente:
“…Esta
opresión innoble sólo ha servido para el auge de la corrupción y para
la destrucción de la cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo
tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la
patria, el avallasamiento de los jueces, la reducción de la Universidad a
una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el
porvenir de la República contra la entrega de sus fuentes de riqueza
(diario “La Nación”, septiembre 23 de 1955m página 1)”.
Cualquier
coincidencia con los discursos y las acciones de actual Gobierno y de
las decisiones de algunos sectores del Poder Judicial, no es casualidad.
La
historia de dieciocho años de proscripción, lo acontecido en dicho
período histórico y finalmente el retorno de Perón al país para ejercer
su tercera presidencia me eximen de mayores comentarios.
2)
En el año 1976, la dictadura genocida más sangrienta de nuestra
historia siguió idéntico camino respecto de las autoridades
constitucionales que habían sido derrocadas y de dirigentes que ni
siquiera formaban parte de ese Gobierno, es más, algunos eran fuertes
opositores al mismo. De esa manera truncaron el proceso democrático
impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya habían sido
convocadas. Al momento del Golpe, Argentina era un país industrial donde
la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era
casi del 50% y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no
implicaba condicionamiento alguno.
Así,
el 21 de octubre de 1977, en el ámbito del Ministerio del Interior, se
creó la tristemente célebre “Comisión Nacional de Responsabilidad
Patrimonial” (CONAREPA) que incautó no sólo propiedades y bienes
correspondientes a la funcionarios del gobierno derrocado, sino también a
empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos
exclusivamente por motivos políticos. Eso si, bajo la pátina, siempre
conveniente y mediática, de lucha contra la corrupción
También,
de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que
avalaron las ominosas conductas descriptas. Es imperioso señalar que la
participación del Poder Judicial siempre se convierte en condición “sine
quanon” para este tipo de prácticas. En este sentido, un ejemplo
paradigmático es el caso de “Papel Prensa”. En el mismo, todos los
bienes de la familia Graiver pasaron a ser administrados por la referida
CONAREPA, bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos años y
la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todavía
los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver
se encuentran sin recibir el correspondiente castigo.
Hace
pocos días se cumplieron 40 años de lo que fue el Proceso “Moralizador”
del 24 de marzo de 1976. Su saldo trágico en materia de violación de
DD.HH., endeudamiento, desindustrialización, financierización de la
economía, aún lo estamos pagando en el sentido más literal del término.
Los
antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la
actualidad debe ser inscripto en un contexto político e institucional
que se ha repetido a lo largo de nuestra historia: los avances y
retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el
pasado y vuelven a sufrir hoy los argentinos.
Precisamente
por el valor histórico de los expedientes, registros, actuaciones y
toda otra documentación de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la
Nación dispuse su traslado al Archivo Nacional de la Memoria, como
ejemplo de un pasado que no queremos repetir.
3)
Sin embargo, una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a
atrapar a los argentinos: endeudamiento, devaluación, despidos,
persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e
indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados,
industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de
expresión, son sólo algunas de las calamidades que el nuevo Gobierno ha
provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en
comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los
argentinos como cruzados contra la corrupción, son los mismos que
durante los ’80 y los ’90 formaron parte de la “Patria Contratista” y su
apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con
el Estado, ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos
claves del Gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades
off shore absueltos por la “mayoría automática”, causal de Juicio
Político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda
de sus empresas; entre otros hechos de corrupción. No debería entonces
llamarnos la atención que hoy ilustren la primera plana de todos los
medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y
mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y
sociedades en paraísos fiscales que les fueran descubiertas y de las que
nunca le contaron a los argentinos. El Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación presenta el caso “Panamá Papers” en su
página web bajo el título de: “Gigante fuga de registros financieros off
shore expone la matriz mundial de la delincuencia y corrupción” (el
subrayado me pertenece). Un escándalo global sin precedentes que trata
de ser ocultado, sin conseguirlo, con el remanido recurso de denuncias y
despliegue de mediáticas acciones judiciales.
Es
que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más,
de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo
pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses
populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no
sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala
regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes.
La
causa en la que aquí presto declaración y otras que se agigantan por
los medios de comunicación concentrados, son un ejemplo lamentable de lo
que vengo diciendo, a punto tal que a los propios medios extranjeros,
que denunciaron a escala global el escándalo de “Panamá Papers”, les
llama la atención el tratamiento que recibe el Presidente Mauricio
Macri, implicado en el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera
recibido quien suscribe, de haber sido la involucrada. Sostiene el
diario alemán “Süddeutsche Zeitung” –periódico que dió a conocer a nivel
global el “Panamá Papers”- que de haber sido la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner la involucrada, todos le hubieran pedido la
renuncia en forma inmediata (www.sueddeutsche.de/politik/panama-...).
III.
Manifiesta.
1)
Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar,
entiendo y confirmo claramente que sólo a través de un ejercicio
abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante.
En
primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y
sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar
declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos
imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los
Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del
fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.
Es
más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el
juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi
convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos
previstos por el art. 269 del Código Penal.
Concretamente, la
resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos
absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial
competente.
En
segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio
acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que
se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado.
Concretamente
se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera
organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de
carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos
delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas
ni requerido por el Fiscal.
Esta
hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el
magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y
revela además la intención del Gobierno con la colaboración
imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una
causa penal que me prive de la libertad.
Como
ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo.
Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue
decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran
colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier
otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.
En
tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico tal como lo han
explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta
causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente
por las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de
acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta
Orgánica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el
marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la
estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el
desarrollo económico con equidad social (art. 3).
Hago
propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este
expediente el Sr. Ex Ministro de Economía Dr. Axel Kicillof y los Sres.
ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A. Alejandro Vanoli y Miguel
Angel Pesce, así como también los de los Directores y ex Directores de
la misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que
prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del B.C.R.A. en su Capítulo
Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la
Institución, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de
las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta
hermenéutica legislativa deben ser entendidos y comprendidos en el marco
de las definiciones estructurales de la norma.
Resulta
insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar
una gestión de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su
depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad
económica en general.
Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista.
Desde
diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la
desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad
económica y comercial, tiene indudablemente puntos de convergencia con
los efectos de una “maxidevaluación” llevada a cabo por las autoridades
del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los
argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor,
angustia e incertidumbre que hoy están viviendo.
En
quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves
perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros
inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a
las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta
causa.
Adviértase
que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la
causa, en dos oportunidades manifestó que no había ninguna medida
restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se
investigan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo puede ser que se impute la
comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por
el mismo magistrado a cargo de esta investigación?
Por
otro lado, también se debe destacar que ninguno de los supuestos
“terceros enriquecidos ilegítimamente” por la operatoria del dólar
futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a
este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera
que insinúe esa línea de investigación. Me pregunto: -¿Será tal vez que
puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de
esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos?
Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos “paladines de la
moral” que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme
por delitos económicos con motivo, nada más ni nada menos, que en la
“operación” de endeudamiento conocida como “Megacanje”. Huelgan los
comentarios.
Por
si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio
público muestran como los principios morales que tanto se predican
resultan ser sólo un mero ejercicio distractivo y justificativo del
ajuste, que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un
Gobierno cuyo Presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios
más allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y
cuentas off shore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias
hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de
personas que, según los parámetros que V.S. ha elegido para imputarme en
esta causa, merecerían ser también investigados a la luz del supuesto
delito de asociación ilícita.
Además,
y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del
BCRA en sus declaraciones obrantes en autos, la operación de venta de
futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan
sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos
disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las
actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez
de la causa.
En
definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos
facticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo
evidencian las preguntas “inquisidoras” que V.S. le ha formulado a
alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos
de contenido estrictamente político -terreno en el que el juez se movió
con muy poco éxito en sus cargos anteriores-, demostrando también el
mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias
técnicas.
La
fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa
mediante una falsa denuncia que el Juez rápidamente instruyó. Dos días
antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo
un allanamiento en el B.C.R.A. con el propósito de originar una corrida
bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron.
Después
de los resultados electorales, en contra de lo que públicamente siempre
sostuvieron, presionaron con esta causa, y de otras maneras, para
obtener la renuncia del Presidente del B.C.R.A., borrando con el codo la
independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que escribieran y
dijeran en múltiples conferencias y sets de televisión.
Una
vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo
una devaluación de la moneda que, como se vió, produjo efectos
devastadores sobre la economía.
Por
último y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta
causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos,
los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de
las actuales autoridades.
En
síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una “corrida judicial” una
devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y
ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la
opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y
decisiones que ellos adoptaron.
Finalmente
el Gobierno de las excusas -como todo en la vida- tiene un límite: la
responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la
historia.
IV.-
Petitorio.
Por todo lo expuesto, a V.S. digo:
1) Se tenga por efectuada la presente manifestación a los efectos que corresponda.
SERÁ JUSTICIA.
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER·MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DE 2016
Señor Juez:
Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152/15 caratulada “Banco Central de la República Argentina s/defraudación…”, en trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20-13430665-4), constituyendo domicilio en Av. Santa Fe 1752, 2º A, a V.S. digo:
Señor Juez:
Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152/15 caratulada “Banco Central de la República Argentina s/defraudación…”, en trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20-13430665-4), constituyendo domicilio en Av. Santa Fe 1752, 2º A, a V.S. digo:
I.-
Objeto.
Que a efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar esta manifestación, la cual solicito se incorpore a la causa en el marco de la declaración indagatoria ordenada en autos.
II.
Introducción.
1) Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos.
Introducción.
1) Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos.
Sin
embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado,
barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la
sociedad en sus diferentes estamentos y actividades; por el otro,
imponer programas de “ajuste” y endeudamiento -matrimonio indisoluble-
utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el
correr de los años cada uno de esos supuestos “procesos moralizadores”
devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las
grandes mayorías a las elites gobernantes y sus grupos económicos
vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción
para hacer operativas esas políticas.
No
son pocos los hechos históricos que así lo demuestran. El primer ex
Presidente argentino que tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista,
por una razón muy sencilla: el movimiento nacional y popular en ese
momento todavía lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar:
Hipólito Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer Golpe Militar de la
historia y, oh casualidad, convalidado y legalizado por acordada de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió sufrir ser investigado por
una comisión especial por supuestos hechos de corrupción, siendo
encarcelado en la Isla Martín García. Recuperó su libertad merced a un
indulto que Yrigoyen rechazó. El día que lo liberaron asumía el General
Justo como Presidente de la República Argentina, dando inicio a lo que
históricamente se conoce como “Década Infame”, llamada de esa forma por
lo que constituyó un período de escandalosa corrupción y entrega del
país. Sin embargo, no se detuvieron allí. Lo volvieron a encarcelar y
pasó el último año de su vida en Martín García. Eso sí, esta vez no fue
por corrupción, lo acusaron de conspiración.
Más
tarde, el Movimiento Nacional y Popular se encarna en el Peronismo y en
la figura de sus fundadores: Juan Domingo y Eva Perón. Durante sus dos
Gobiernos los Derechos y conquistas populares construyen historia y
época. Una vez más y tras el derrocamiento del General Perón, el
gobierno de facto dictó el Decreto Ley 5143/1955 que creó la Junta
Nacional de Recuperación Patrimonial, una comisión especial en franca
violación del texto constitucional asignándole funciones
jurisdiccionales bajo el “loable propósito” de obtener la incautación de
todos los bienes de los que se habrían apoderado los funcionarios
corruptos del anterior gobierno.
Pese
al grado grosero de afectación de los principios más elementales del
Estado de Derecho, hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso
de las máximas instancias, dispuestos a justificar semejantes atropellos
sin abandonar sus citas leguleyas e invocación de valores éticos que se
correspondían con “su ser nacional”.
A título de ejemplo me permito citar el fallo de –una vez más- la Corte Suprema Justicia de la Nación del 21 de junio de 1957, en la causa “Juan Domingo Perón s/ bienes mal habidos”. Aquí en el dictamen del Procurador General ante ese Alto Tribunal se efectúan los siguientes señalamientos:
A título de ejemplo me permito citar el fallo de –una vez más- la Corte Suprema Justicia de la Nación del 21 de junio de 1957, en la causa “Juan Domingo Perón s/ bienes mal habidos”. Aquí en el dictamen del Procurador General ante ese Alto Tribunal se efectúan los siguientes señalamientos:
“1°
Que antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba
sometido a un gobierno despótico, y en un estado de caos y corrupción
administrativa, debido a la acción directa de las personas comprendidas
en el decreto ley 5.148/55 y, en especial, a la del recurrente en esa
causa.
2°
Que uno de los fines primordiales de la revolución fue el de restituir
al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las
personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad, se
enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo
de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus
allegados…”
Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, decía lo siguiente:
“…Esta
opresión innoble sólo ha servido para el auge de la corrupción y para
la destrucción de la cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo
tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la
patria, el avallasamiento de los jueces, la reducción de la Universidad a
una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el
porvenir de la República contra la entrega de sus fuentes de riqueza
(diario “La Nación”, septiembre 23 de 1955m página 1)”.
Cualquier
coincidencia con los discursos y las acciones de actual Gobierno y de
las decisiones de algunos sectores del Poder Judicial, no es casualidad.
La
historia de dieciocho años de proscripción, lo acontecido en dicho
período histórico y finalmente el retorno de Perón al país para ejercer
su tercera presidencia me eximen de mayores comentarios.
2)
En el año 1976, la dictadura genocida más sangrienta de nuestra
historia siguió idéntico camino respecto de las autoridades
constitucionales que habían sido derrocadas y de dirigentes que ni
siquiera formaban parte de ese Gobierno, es más, algunos eran fuertes
opositores al mismo. De esa manera truncaron el proceso democrático
impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya habían sido
convocadas. Al momento del Golpe, Argentina era un país industrial donde
la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era
casi del 50% y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no
implicaba condicionamiento alguno.
Así,
el 21 de octubre de 1977, en el ámbito del Ministerio del Interior, se
creó la tristemente célebre “Comisión Nacional de Responsabilidad
Patrimonial” (CONAREPA) que incautó no sólo propiedades y bienes
correspondientes a la funcionarios del gobierno derrocado, sino también a
empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos
exclusivamente por motivos políticos. Eso si, bajo la pátina, siempre
conveniente y mediática, de lucha contra la corrupción
También,
de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que
avalaron las ominosas conductas descriptas. Es imperioso señalar que la
participación del Poder Judicial siempre se convierte en condición “sine
quanon” para este tipo de prácticas. En este sentido, un ejemplo
paradigmático es el caso de “Papel Prensa”. En el mismo, todos los
bienes de la familia Graiver pasaron a ser administrados por la referida
CONAREPA, bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos años y
la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todavía
los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver
se encuentran sin recibir el correspondiente castigo.
Hace
pocos días se cumplieron 40 años de lo que fue el Proceso “Moralizador”
del 24 de marzo de 1976. Su saldo trágico en materia de violación de
DD.HH., endeudamiento, desindustrialización, financierización de la
economía, aún lo estamos pagando en el sentido más literal del término.
Los
antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la
actualidad debe ser inscripto en un contexto político e institucional
que se ha repetido a lo largo de nuestra historia: los avances y
retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el
pasado y vuelven a sufrir hoy los argentinos.
Precisamente
por el valor histórico de los expedientes, registros, actuaciones y
toda otra documentación de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la
Nación dispuse su traslado al Archivo Nacional de la Memoria, como
ejemplo de un pasado que no queremos repetir.
3)
Sin embargo, una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a
atrapar a los argentinos: endeudamiento, devaluación, despidos,
persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e
indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados,
industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de
expresión, son sólo algunas de las calamidades que el nuevo Gobierno ha
provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en
comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los
argentinos como cruzados contra la corrupción, son los mismos que
durante los ’80 y los ’90 formaron parte de la “Patria Contratista” y su
apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con
el Estado, ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos
claves del Gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades
off shore absueltos por la “mayoría automática”, causal de Juicio
Político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda
de sus empresas; entre otros hechos de corrupción. No debería entonces
llamarnos la atención que hoy ilustren la primera plana de todos los
medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y
mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y
sociedades en paraísos fiscales que les fueran descubiertas y de las que
nunca le contaron a los argentinos. El Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación presenta el caso “Panamá Papers” en su
página web bajo el título de: “Gigante fuga de registros financieros off
shore expone la matriz mundial de la delincuencia y corrupción” (el
subrayado me pertenece). Un escándalo global sin precedentes que trata
de ser ocultado, sin conseguirlo, con el remanido recurso de denuncias y
despliegue de mediáticas acciones judiciales.
Es
que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más,
de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo
pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses
populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no
sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala
regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes.
La
causa en la que aquí presto declaración y otras que se agigantan por
los medios de comunicación concentrados, son un ejemplo lamentable de lo
que vengo diciendo, a punto tal que a los propios medios extranjeros,
que denunciaron a escala global el escándalo de “Panamá Papers”, les
llama la atención el tratamiento que recibe el Presidente Mauricio
Macri, implicado en el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera
recibido quien suscribe, de haber sido la involucrada. Sostiene el
diario alemán “Süddeutsche Zeitung” –periódico que dió a conocer a nivel
global el “Panamá Papers”- que de haber sido la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner la involucrada, todos le hubieran pedido la
renuncia en forma inmediata (www.sueddeutsche.de/politik/panama-...).
III.
Manifiesta.
Manifiesta.
1)
Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar,
entiendo y confirmo claramente que sólo a través de un ejercicio
abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante.
En
primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y
sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar
declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos
imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los
Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del
fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.
Es
más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el
juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi
convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos
previstos por el art. 269 del Código Penal.
Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente.
Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente.
En
segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio
acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que
se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado.
Concretamente
se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera
organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de
carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos
delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas
ni requerido por el Fiscal.
Esta
hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el
magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y
revela además la intención del Gobierno con la colaboración
imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una
causa penal que me prive de la libertad.
Como
ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo.
Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue
decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran
colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier
otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.
En
tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico tal como lo han
explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta
causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente
por las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de
acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta
Orgánica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el
marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la
estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el
desarrollo económico con equidad social (art. 3).
Hago
propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este
expediente el Sr. Ex Ministro de Economía Dr. Axel Kicillof y los Sres.
ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A. Alejandro Vanoli y Miguel
Angel Pesce, así como también los de los Directores y ex Directores de
la misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que
prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del B.C.R.A. en su Capítulo
Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la
Institución, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de
las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta
hermenéutica legislativa deben ser entendidos y comprendidos en el marco
de las definiciones estructurales de la norma.
Resulta
insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar
una gestión de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su
depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad
económica en general.
Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista.
Desde
diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la
desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad
económica y comercial, tiene indudablemente puntos de convergencia con
los efectos de una “maxidevaluación” llevada a cabo por las autoridades
del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los
argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor,
angustia e incertidumbre que hoy están viviendo.
En
quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves
perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros
inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a
las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta
causa.
Adviértase
que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la
causa, en dos oportunidades manifestó que no había ninguna medida
restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se
investigan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo puede ser que se impute la
comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por
el mismo magistrado a cargo de esta investigación?
Por
otro lado, también se debe destacar que ninguno de los supuestos
“terceros enriquecidos ilegítimamente” por la operatoria del dólar
futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a
este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera
que insinúe esa línea de investigación. Me pregunto: -¿Será tal vez que
puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de
esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos?
Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos “paladines de la
moral” que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme
por delitos económicos con motivo, nada más ni nada menos, que en la
“operación” de endeudamiento conocida como “Megacanje”. Huelgan los
comentarios.
Por
si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio
público muestran como los principios morales que tanto se predican
resultan ser sólo un mero ejercicio distractivo y justificativo del
ajuste, que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un
Gobierno cuyo Presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios
más allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y
cuentas off shore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias
hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de
personas que, según los parámetros que V.S. ha elegido para imputarme en
esta causa, merecerían ser también investigados a la luz del supuesto
delito de asociación ilícita.
Además,
y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del
BCRA en sus declaraciones obrantes en autos, la operación de venta de
futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan
sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos
disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las
actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez
de la causa.
En
definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos
facticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo
evidencian las preguntas “inquisidoras” que V.S. le ha formulado a
alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos
de contenido estrictamente político -terreno en el que el juez se movió
con muy poco éxito en sus cargos anteriores-, demostrando también el
mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias
técnicas.
La
fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa
mediante una falsa denuncia que el Juez rápidamente instruyó. Dos días
antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo
un allanamiento en el B.C.R.A. con el propósito de originar una corrida
bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron.
Después
de los resultados electorales, en contra de lo que públicamente siempre
sostuvieron, presionaron con esta causa, y de otras maneras, para
obtener la renuncia del Presidente del B.C.R.A., borrando con el codo la
independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que escribieran y
dijeran en múltiples conferencias y sets de televisión.
Una
vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo
una devaluación de la moneda que, como se vió, produjo efectos
devastadores sobre la economía.
Por
último y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta
causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos,
los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de
las actuales autoridades.
En
síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una “corrida judicial” una
devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y
ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la
opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y
decisiones que ellos adoptaron.
Finalmente
el Gobierno de las excusas -como todo en la vida- tiene un límite: la
responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la
historia.
IV.-
Petitorio.
Petitorio.
Por todo lo expuesto, a V.S. digo:
1) Se tenga por efectuada la presente manifestación a los efectos que corresponda.
SERÁ JUSTICIA.
De qué se trata el Frente Ciudadano
De qué se trata el Frente Ciudadano
“Unan
sus esfuerzos porque no podemos permitir un retroceso como el que hemos
vivido en otras etapas históricas porque después cuesta remontar”, sostuvo
la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al formalizar la
propuesta de crear un Gran Frente Ciudadano contra las políticas
regresivas que implementa el macrismo.
“Les
propongo, con inteligencia, que seamos capaces de conformar un Gran
Frente Ciudadano. Convoquen a los dirigentes sindicales también, a esos
que nos hacían huelgas porque no querían pagar Impuesto a las Ganancias y
ahora están echando a la gente como perros”, propuso Cristina. Para
la constitución de ese frente nombró, además, a diputados, senadores y
representantes de la sociedad civil que militen en ONGs o estructuras
religiosas.
La consigna de ese frente debe ser, según Cristina, “preguntarles a cada uno como estaban antes del 10 de diciembre.
Ese frente ciudadano no tiene que preguntarle a nadie de qué partido
viene sino solamente tres cosas: cómo estabas, cómo estás y si podés
estar mejor de lo que hoy estás”.
Para
lograr ese objetivo, convocó a organizar “una gran jornada de reflexión
nacional. Que durante 24 horas la gente apague la televisión, la radio,
los diarios y medios electrónicos. Que cada uno piense
introspectivamente y con su familia cómo estaba antes del 10 de
diciembre, cómo vivió los últimos 12 años, qué cosas obtuvo y logró. ¿Se
acuerdan cuando les decía que muchos creen que es su propio esfuerzo y
no hay políticas de Estado? Que vean si están haciendo su mismo esfuerzo
y les está yendo igual”.
“El
eje del frente ciudadano tiene que ser la libertad, porque los
argentinos estamos perdiendo la libertad”, propuso la ex presidenta.
Y enumeró: “Necesitamos trabajo, porque el trabajo da libertad.
Necesitamos que ningún empleado público tenga miedo a ser echado por
decir lo que piensa o por dónde milite. ¿Qué es eso de que no se puede
militar en Argentina? La libertad de volver a soñar porque para soñar
una vida plena junto a nuestra familia tenemos que tener libertad. Sin
libertad es imposible soñar”.
De qué se trata el Frente Ciudadano
“Unan
sus esfuerzos porque no podemos permitir un retroceso como el que hemos
vivido en otras etapas históricas porque después cuesta remontar”, sostuvo
la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al formalizar la
propuesta de crear un Gran Frente Ciudadano contra las políticas
regresivas que implementa el macrismo.
“Les
propongo, con inteligencia, que seamos capaces de conformar un Gran
Frente Ciudadano. Convoquen a los dirigentes sindicales también, a esos
que nos hacían huelgas porque no querían pagar Impuesto a las Ganancias y
ahora están echando a la gente como perros”, propuso Cristina. Para
la constitución de ese frente nombró, además, a diputados, senadores y
representantes de la sociedad civil que militen en ONGs o estructuras
religiosas.
La consigna de ese frente debe ser, según Cristina, “preguntarles a cada uno como estaban antes del 10 de diciembre.
Ese frente ciudadano no tiene que preguntarle a nadie de qué partido
viene sino solamente tres cosas: cómo estabas, cómo estás y si podés
estar mejor de lo que hoy estás”.
Para
lograr ese objetivo, convocó a organizar “una gran jornada de reflexión
nacional. Que durante 24 horas la gente apague la televisión, la radio,
los diarios y medios electrónicos. Que cada uno piense
introspectivamente y con su familia cómo estaba antes del 10 de
diciembre, cómo vivió los últimos 12 años, qué cosas obtuvo y logró. ¿Se
acuerdan cuando les decía que muchos creen que es su propio esfuerzo y
no hay políticas de Estado? Que vean si están haciendo su mismo esfuerzo
y les está yendo igual”.
“El
eje del frente ciudadano tiene que ser la libertad, porque los
argentinos estamos perdiendo la libertad”, propuso la ex presidenta.
Y enumeró: “Necesitamos trabajo, porque el trabajo da libertad.
Necesitamos que ningún empleado público tenga miedo a ser echado por
decir lo que piensa o por dónde milite. ¿Qué es eso de que no se puede
militar en Argentina? La libertad de volver a soñar porque para soñar
una vida plena junto a nuestra familia tenemos que tener libertad. Sin
libertad es imposible soñar”.
2
Cristina: "Me pueden meter presa, pero no me van a callar"
11:28 - A la salida de Comodoro Py, la ex presidenta encabezó un acto frente a la militancia que se congregó para apoyarla en su declaración ante Bonadio
La
expresidenta Cristina Kirchner convocó hoy a la conformación de "un
gran frente ciudadano" que convoque a sectores que votaron por el
oficialismo y por la oposición y se les "pregunte" a las personas si les
"está yendo mejor o peor que antes" de la asunción de Maucricio Macri
como jefe de Estado. "Les propongo conformar un gran frente ciudadano en
el cual no se le pregunte a nadie a quien votó ni de qué partido es ni
en qué sindicato está, si es trabajador formal, informal, jubilado, si
paga ganancias o no. Y se le pregunte ¿cómo te está yendo? ¿te está
yendo mejor o peor que antes?", enfatizó Cristina Kirchner. Durante un
discurso que ofreció frente a los tribunales federales de Retiro, la
exmandataria planteó "una gran jornada de reflexión nacional, que
durante 24 horas la gente apague la televisión, la radio ni lea los
diarios, un domingo en familia" y que allí "cada uno introspectivamente
junto a su madre, su novio, su compañera, sus hijos, sus nietos piense
cómo estaba antes del 10 de diciembre, cómo vivió los últimos doce años
qué cosas obtuvo y logró los últimos doce años". La dirigente peronista
pidió "libertad para volver a crecer, a volver a trabajar, para que
cuando vaya a hacer una compra no sea una tortura; libertad para todos
aquellos compatriotas que necesitan volver a creer que el gobierno los
cuida y no que los maltrata: necesitamos que los vuelvan a cuidar a los
argentinos, los argentinos se merecen ser cuidados". "Yo respeto a la
voluntad popular, pido también que quienes tienen responsabilidad de
gobierno respeten la voluntad popular a la que se comprometieron cuando
prometieron que todos iban a vivir un poco mejor e iban a ser más
felices", enfatizó.
"Gobiernos populares"
Por
otra parte, Cristina Kirchner consideró que se dan "situaciones
regionales se replican con todos los gobiernos populares de américa del
sur que permitieron mejorar la vida de millones y millones de
sudamericanos". "Esto no es una cuestión que nace aquí en Argentina,
esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende
en toda la región para identificar a los proyectos nacionales y
populares con la corrupción de modo tal que luego vienen los
moralizadores que te dejan sin nada pero para cuando esto terminó ya no
te acordás", enfatizó. Por otra parte, criticó con dureza a la gestión
de Mauricio Macri, al indicar que "nunca" vio que se produjeran "tantas
calamidades en 120 días".
Y
reclamó al Congreso que actúe para "corregir" situaciones y controlar
al Ejecutivo. "Hay ideas y políticas que corregir y me parece que el
Congreso de la Nación, el Parlamento, por convicción, por compromiso sus
dirigentes tienen la obligación de hacer esas correcciones para que la
gente vuelva a ser feliz", enfatizó
El "gran frente ciudadano" de CFK, ¿una plataforma para 2017?
Durante su discurso frente a Tribunales, la expresidenta planteó la conformación de un frente ciudadano.
La
expresidenta Cristina Kirchner convocó hoy a la conformación de "un
gran frente ciudadano" que convoque a sectores que votaron por el
oficialismo y por la oposición y se les "pregunte" a las personas si les
"está yendo mejor o peor que antes" de la asunción de Maucricio Macri
como jefe de Estado.
"Les
propongo conformar un gran frente ciudadano en el cual no se le
pregunte a nadie a quien votó ni de qué partido es ni en qué sindicato
está, si es trabajador formal, informal, jubilado, si paga ganancias o
no. Y se le pregunte ¿cómo te está yendo? ¿te está yendo mejor o peor
que antes?", enfatizó Cristina Kirchner.
Cristina Fernández incluyó un fragmento orientado a organizar la militancia para las elecciones legislativas del año que viene.
Durante
un discurso que ofreció frente a los tribunales federales de Retiro, la
exmandataria planteó "una gran jornada de reflexión nacional, que
durante 24 horas la gente apague la televisión, la radio ni lea los
diarios, un domingo en familia" y que allí "cada uno introspectivamente
junto a su madre, su novio, su compañera, sus hijos, sus nietos piense
cómo estaba antes del 10 de diciembre, cómo vivió los últimos doce años
qué cosas obtuvo y logró los últimos doce años".
La
dirigente peronista pidió "libertad para volver a crecer, a volver a
trabajar, para que cuando vaya a hacer una compra no sea una tortura;
libertad para todos aquellos compatriotas que necesitan volver a creer
que el gobierno los cuida y no que los maltrata: necesitamos que los
vuelvan a cuidar a los argentinos, los argentinos se merecen ser
cuidados".
"Yo
respeto a la voluntad popular, pido también que quienes tienen
responsabilidad de gobierno respeten la voluntad popular a la que se
comprometieron cuando prometieron que todos iban a vivir un poco mejor e
iban a ser más felices", enfatizó.
Por
otra parte, Cristina Kirchner consideró que se dan "situaciones
regionales se replican con todos los gobiernos populares de américa del
sur que permitieron mejorar la vida de millones y millones de
sudamericanos".
"Esto
no es una cuestión que nace aquí en Argentina, esto es una matriz
comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región
para identificar a los proyectos nacionales y populares con la
corrupción de modo tal que luego vienen los moralizadores que te dejan
sin nada pero para cuando esto terminó ya no te acordás", enfatizó.
Por
otra parte, criticó con dureza a la gestión de Mauricio Macri, al
indicar que "nunca" vio que se produjeran "tantas calamidades en 120
días". Y reclamó al Congreso que actúe para "corregir" situaciones y
controlar al Ejecutivo.
"Hay
ideas y políticas que corregir y me parece que el Congreso de la
Nación, el Parlamento, por convicción, por compromiso sus dirigentes
tienen la obligación de hacer esas correcciones para que la gente vuelva
a ser feliz", enfatizó
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